El 25 de julio de 1992, en Santo Domingo, República Dominicana, más de 400 mujeres afrodescendientes provenientes de 32 países de América Latina y el Caribe se reunieron en el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas. No se trató de un evento conmemorativo, sino de un ejercicio de articulación política: mujeres negras de toda la región, muchas de ellas ya activas en movimientos antirracistas y feministas que con frecuencia no representaban plenamente sus realidades específicas, se reunieron para nombrar colectivamente las formas particulares de opresión que enfrentaban por la intersección de su raza y su género. De ese encuentro nació la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, una plataforma que durante más de tres décadas ha incidido en agendas nacionales y regionales de derechos humanos. Figuras como la costarricense Epsy Campbell Barr, quien en 2018 se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en asumir la vicepresidencia de un país en América Latina, representan la continuidad de ese proceso: la construcción de una agenda propia, no la espera de un lugar en agendas ajenas.
Establecer el 25 de julio como fecha conmemorativa fue, en ese sentido, un acto de autonomía política antes que un homenaje. Comprenderlo así importa, porque cambia radicalmente lo que esta fecha nos exige: no gratitud ni reconocimiento simbólico, sino continuidad de una lucha que sigue teniendo razones estructurales para existir.